Alertan sobre la pérdida de bosques en Argentina, pese a la ley de protección

Que político puede imaginar esto, como un progreso para la sociedad?  Que  científico puede imaginar esto, como un sistema productivo a largo plazo? Que granjero puede imaginar esto, como una forma correcta de producir en la naturaleza? Que ser humano puede imaginar esto, como la casa en la que quiere vivir en unos años? Que ser humano puede imaginar esto, como algo que no necesite la consciente intervención  de todas las personas del mundo unidas, en paz y tolerancia. Mas que planes sociales, necesitamos concientizacion urgente, y eso no es algo que se solucione con un plan, esto se soluciona rescatando al pueblo de la ignorancia, la pobreza y la enfermedad. 

Una organización ecologista alertó hoy sobre la pérdida de cerca de un millón de hectáreas de bosques nativos en Argentina desde la aprobación a finales de 2007 de una ley para proteger estos recursos.

El presidente de la organización Los Verdes, Juan Carlos Villalonga, dijo hoy a Efe que, según datos oficiales de la Secretaría de Ambiente, la tasa de desforestación de Argentina es del 1,22 por ciento anual sobre el total de la superficie de bosques nativos, frente a una media mundial del 0,13 por ciento anual.

Según el informe de la Secretaría de Ambiente, publicado en su sitio web, entre 2006 y la aprobación de la Ley de Bosques, en noviembre de 2007, se desforestaron 573.296 hectáreas, mientras se perdieron otras 932.109 hectáreas desde entonces y hasta finales de 2011.

En total, son 1,5 millones de hectáreas, que se elevan a 1,7 millones si se suman también las tierras desforestadas con cobertura de especies de árboles nativos de hasta un 20 por ciento de la superficie.

Según Villalonga, "muchas provincias tuvieron un festival de desmonte previo a la aprobación de la ley, en 2007, con el permiso de las autoridades locales".

Pero, según el experto, es más grave que se haya desforestado luego de 2009, después del ordenamiento territorial de los bosques dictaminado por la ley, con el desmonte incluso en áreas catalogadas como "rojas" y "amarillas", aquellas donde no se permite o está muy restringida la tala.

Apuntó que "esto demuestra falta de voluntad política para controlar y muestra las consecuencias de haber desfinanciado la Ley de Bosques", que estableció la creación de fondos destinados a las autoridades nacionales y provinciales de fiscalización y para el resarcimiento a aquellos propietarios de áreas productivas catalogadas como rojas.

Según Villalonga, desde 2010 los presupuestos para estos fines "han sido ínfimos".

Por ejemplo, precisó, para este año el presupuesto destina a la Ley de Bosques 230 millones de pesos (46,2 millones de dólares), cuando el fondo determinado por la propia ley debería ser de 2.300 millones de pesos (462,7 millones de dólares).

"Argentina está embarcada en un proceso de maximización de las exportaciones agropecuarias, con el objetivo de llegar a una producción de 150 millones de toneladas de granos para 2020, lo cual implicará expandir el área sembrada en 9 millones de hectáreas", señaló Villalonga.

El presidente de Los Verdes advirtió que la desforestación tiene no solo un impacto severo en la pérdida de la flora y la fauna nativas y la afectación "de funciones vitales del bosque, como reguladores del agua y del clima", sino que además tiene consecuencias sociales sobre las comunidades que viven en estos bosques y son desplazadas por los desmontes.

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el principio de precaución establecido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en junio de 1992 en Río de Janeiro,

–  Vistos los objetivos medioambientales de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas («Directiva marco de la política de aguas»),

–  Vista la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, por la que se permite la utilización de cianuro en la minería estableciendo al mismo tiempo unos niveles máximos permisibles de cianuro,

–  Vista la Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 96/82/CE (Seveso II) del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en la que se afirma que «algunas actividades de almacenamiento y tratamiento de la minería [...] pueden tener consecuencias muy graves»,

–  Vista la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental, conforme a la cual los Estados miembros podrán eximir al operador de correr con los gastos derivados de daños medioambientales si se demuestran determinadas circunstancias,

–  Visto el Programa de 18 meses de las Presidencias española, belga y húngara y sus prioridades en materia de política del agua y biodiversidad,

–  Vistas las medidas adoptadas por la República Checa sobre la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro, con la modificación de la Ley de minas nº 44/1988 de 2000, y la modificación de la Ley húngara de minas nº 48/1993 de 2009, por la que se introduce una prohibición del uso de tecnologías mineras a base de cianuro en el territorio húngaro, así como el decreto alemán promulgado en 2002 por el que se prohíbe la lixiviación con cianuro en la minería,

–  Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que las Naciones Unidas han declarado 2010 Año Internacional de la Biodiversidad, y han invitado a todo el mundo a participar en la salvaguardia de la diversidad de la vida en la Tierra,

B.  Considerando que el cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y que, en el Anexo VIII de la Directiva marco sobre política de aguas, está clasificado como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica,

C.  Considerando que, en la Posición Común de los Ministros de Medio Ambiente de la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia sobre minería sostenible, emitida en la 14ª reunión de los Ministros de Medio Ambiente del Grupo de Visegrado celebrada el 25 de mayo de 2007 en Praga (República Checa), estos manifestaban su preocupación por las tecnologías peligrosas utilizadas y previstas para las actividades mineras en diversas zonas de la región que entrañan riesgos medioambientales considerables con posibles consecuencias transfronterizas,

D.  Considerando que, en el marco del Convenio de Sofía sobre la cooperación para la protección y el uso sostenible del Danubio, las Partes acordaron que, además de las sustancias peligrosas prioritarias en virtud de la Directiva marco sobre política de aguas, el cianuro se clasifique como una sustancia peligrosa importante,

E.  Considerando que en los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes importantes relacionados con el vertido de cianuro, en particular hace 10 años, cuando se vertieron más de 100 000 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el embalse de una mina de oro al sistema fluvial Tisza-Danubio, lo que causó el mayor desastre ecológico de esa época en la Europa Central, y que no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante, especialmente teniendo en cuenta el incremento de las condiciones metereológicas extremas, por ejemplo, fuertes y frecuentes precipitaciones, como se prevé en el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,

F.  Considerando que en varios Estados miembros de la UE siguen planeándose nuevos proyectos de grandes minas de oro a cielo abierto con tecnologías a base de cianuro y en zonas densamente pobladas, generándose así nuevas amenazas potenciales para la salud humana y el medio ambiente,

G.  Considerando que, de conformidad con la Directiva marco sobre política de aguas, los Estados miembros están obligados a alcanzar y mantener el buen estado de los recursos hídricos, así como a prevenir su contaminación por sustancias peligrosas; considerando, sin embargo, que el buen estado de las aguas también podría depender de la calidad del agua de la correspondiente cuenca del río situada en países vecinos que utilizan tecnologías mineras a base de cianuro,

H.  Considerando que los efectos transfronterizos de los accidentes con cianuro, en particular con respecto a la contaminación de grandes cuencas fluviales y de aguas subterráneas, y subrayando la necesidad de adoptar un enfoque a escala de la UE respecto de la grave amenaza medioambiental que supone el uso de cianuro en la minería,

I.  Considerando que sigue sin disponerse de reglas prudenciales y de garantías financieras adecuadas, y que la aplicación de la legislación vigente en relación con el uso de cianuro en la minería también depende de las competencias de los poderes ejecutivos de cada Estado miembro, por lo que la posibilidad de que ocurra un accidente es solo cuestión de tiempo y de negligencia humana,

J.  Considerando que en algunos Estados miembros todavía no se ha aplicado plenamente la Directiva sobre residuos de la minería,

K.  Considerando que el uso de cianuro en minería crea poco empleo y solo por un periodo de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes,

L.  Considerando que las empresas explotadoras no cuentan con seguros a largo plazo que cubran los costes en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro,

M.  Considerando que es necesario extraer una tonelada de menas de baja calidad para producir dos gramos de oro, lo que genera una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas de extracción, mientras que entre un 25 y un 50 % del oro se queda finalmente en la pila de residuos; considerando, además, que los proyectos mineros de gran escala que emplean cianuro utilizan varios millones de kilogramos de cianuro de sodio al año, y que un fallo en su transporte y almacenamiento puede tener consecuencias catastróficas,

N.  Considerando que existen alternativas al uso del cianuro en la minería que podrían sustituir a las tecnologías a base de cianuro,

O.  Considerando las enérgicas protestas públicas contra los proyectos mineros en curso que utilizan cianuro dentro de Europa, en las que han participado no solo ciudadanos a título individual, comunidades locales y ONG, sino también organizaciones estatales, gobiernos y políticos,

1.  Considera que el cumplimiento de los objetivos de la UE, establecidos en la Directiva marco sobre la política de aguas, esto es, conseguir un buen estado químico de las aguas y proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica, sólo puede lograrse mediante una prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro;

2.  Pide a la Comisión que proponga la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras, y que, al mismo tiempo, proceda a una evaluación de impacto ordinaria;

3.  Toma nota de las iniciativas pertinentes adoptadas dentro de la UE y del sistema de Naciones Unidas, y anima encarecidamente al desarrollo y la aplicación de alternativas mineras más seguras, en particular alternativas mineras sin cianuro;

4.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que no presten apoyo, de forma directa o indirecta, a ningún proyecto minero en la UE en que se empleen tecnologías mineras a base de cianuro, hasta que sea aplicable la prohibición general, ni respalden proyectos de esas características en terceros países;

5.  Pide a la Comisión que promueva la reconversión industrial de las zonas donde se haya prohibido la minería basada en el uso de cianuro, facilitando un apoyo financiero adecuado a las industrias alternativas ecológicas, las energías renovables y el turismo;

6.  Pide a la Comisión que proponga una modificación de la legislación vigente sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas, con objeto de exigir que todas las empresas explotadoras estén obligadas a disponer de un seguro para las indemnizaciones por daños y para cubrir todos los gastos de las medidas de reparación destinadas a restaurar el estado ecológico y químico original en caso de accidente o funcionamiento defectuoso;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

Fuente

Bill Mollison, El padre de la Permacultura

Ganador del Premio Nobel Alternativo, investigador, profesor y naturista entre otras cosas, se destaco por ser el padre de la Permacultura. Acá un pequeño viaje introductorio, a una de las mentes mas brillantes del mundo.

1 - El problema

2 - La idea

3 - Ecologia del bosque

4- El diseño Permacultural

5 - Las Aves de corral

6 - La huerta en casa Vs costos de distribucion

7 - La huerta de balcón

8 - Esfuerzo Inutil

9 - La manipulación Genetica

10 - Proyectos de permacultura

11 - Invertir en Permacultivos

12 - Funciona el Permacultivo?

Documental completo

Quien domina el mundo?

Una gran cantidad de libros y artículos sobre globalización, corporaciones globales e imperio se ha publicado sin que exista la más mínima noción de la estructura real del poder mundial. El análisis de un estudio reciente del Financial Times (suplemento, 10 de mayo de 2002) sobre las 500 compañías más grandes del mundo, con base en criterios de valor, país y sector, viene a poner fin al debate en torno a la globalización del imperio o imperialismo. El Estado-nación, en este caso los estados imperiales, no sólo están lejos de desaparecer, sino que además son cruciales para identificar y entender los centros neurálgicos del poder político y económico. 

Casi 48 por ciento de las empresas y bancos más importantes del mundo son de Estados Unidos y 30 por ciento son de la Unión Europea; solamente 10 por ciento pertenece a Japón. En otras palabras, casi 90 por ciento de las corporaciones más grandes que dominan los sectores de la industria, los bancos y el comercio son estadunidenses, europeas y japonesas. El poder económico se concentra en estas tres unidades económicas geográficas, y no en conceptos vacíos como "imperio" sin imperialismo o corporaciones multinacionales "sin territorio". Dentro de este sistema el poder económico imperial de Estados Unidos sigue siendo dominante. Esto resulta claro si examinamos de cerca los sectores económicos clave. 


Cinco de los 10 bancos principales son estadunidenses, así como seis de las 10 empresas farmacéuticas y biotecnológicas, cuatro de las 10 compañías de gas y petróleo más importantes, nueve de las 10 compañías líderes de seguros y nueve de las 10 principales empresas generales de comercio al por menor. El sector de las aseguradoras es el único en el que la Unión Europea se lleva la mejor parte del pastel con respecto a Estados Unidos (por un margen de cinco a cuatro). 

El poder imperial estadunidense está diversificado a lo largo de varios sectores económicos, pero particularmente la fuerza dominante la tienen en las finanzas, la industria farmacéutica y biotecnológica, de la información y el software, y el comercio al por menor. Dicho de otra forma, las gigantescas compañías estadunidenses poseen una red poderosa que controla los sectores de la "nueva economía", las finanzas y el comercio. La concentración del poder económico de Estados Unidos se hace más evidente si se consideran las 10 principales empresas del mundo: 90 por ciento son de origen estadunidense; de las 25 principales, 72 por ciento son propiedad de Estados Unidos; de las 50 más importantes, 70 por ciento son de ese país, y de las cien líderes, 57 por ciento también. 



Africa y América Latina brillan por su ausencia en la lista. Y los llamados "tigres asiáticos" cuentan con tres empresas en la lista de las 500 más grandes, esto es, contribuyen con menos de uno por ciento. 

Las implicaciones de esta concentración del poder son relevantes. 

Ningún país del denominado Tercer Mundo puede darse el lujo de "liberalizar" sus mercados, ya que Europa y Estados Unidos se lo impiden debido al control que logran ejercer con la superioridad y concentración de sus recursos. Así pues, es falso el argumento liberal según el cual el libre comercio aumentará los niveles de "competitividad" de las economías en vías de desarrollo. En segundo lugar, la concentración del poder no es meramente producto de la eficiencia, la gestión y el knowhow, sino que es resultado directo de las políticas estatales de Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar (mayo 2002) un monto de 182.28 mil millones de dólares para subsidiar la agricultura estadunidense durante la próxima década, en contradicción con las propuestas de "libre comercio" que Washington tanto gusta defender. Las implicaciones para los tomadores de decisiones en el Tercer Mundo son claras: deben proteger y subsidiar a sus productores privados o públicos para compartir el pastel de los mercados, dentro y fuera de sus países, tal como los poderes imperiales lo hacen. 

La concentración del poder económico mundial en las empresas y los bancos de Estados Unidos y, en menor medida, de la Unión Europea no significa que los mercados mundiales son competitivos, sino que en buena medida son definidos por los monopolios de ambos poderes que los do-minan. Los flujos financieros, farmacéuticos, software y de seguros los determinan las 10 empresas líderes de origen estadunidense y europeo. Los mercados mundiales se en-cuentran divididos entre 238 empresas y bancos estadunidenses y 153 europeos. Esta concentración de poder es la que imprime a la economía internacional su carácter imperial, junto con los mercados que controlan las materias primas que se roban (80 por ciento de las principales compañías petroleras y de gas son de propiedad estadunidense o europea) y el trabajo que explotan. 

La idea del movimiento antiglobalización de que "otro mundo es posible" debe enfrentar esta monopolización del poder y los países imperiales que la defienden. La única manera de democratizar la globalización es socializar estos gigantes monopolios donde quiera que operen, o bien soportar la presión económica y las amenazas que tanto perjudican a las economías locales. 

Los países imperiales, particularmente Estados Unidos, tienen serias dificultades para sostener su imperio por diversas razones. El costo militar es una de ellas. El presupuesto militar de Estados Unidos ha au-mentado en casi 20 por ciento para 2002-2003 y las reducciones en los impuestos de los ricos que estimulan las inversiones foráneas han conducido a un déficit presupuestario y a mayores recortes en el gasto social, todo lo cual conlleva desestabilización fi-nanciera y política. Más importante aún, la concentración del poder económico en empresas y bancos de Estados Unidos se ha basado en las inversiones extranjeras, las ganancias y las rexportaciones hacia Estados Unidos vía los subsidios. El resultado es que el creciente imperio económico proyectado en el exterior ha afectado negativamente la balanza de pagos estadunidense, de tal manera que el déficit comercial de este país en este año se acerca a los 500 mil millones de dólares. 

La economía de Estados Unidos depende esencialmente del flujo masivo de fondos provenientes de los inversionistas del exterior para financiar ese déficit. En otras palabras, a medida que el imperio crece, la "república" se hunde en crisis más profundas, alejada de sus empresas competitivas e incapaz de limitar las importaciones de bienes de consumo. Esta contradicción no puede resolverse fácilmente debido a que el liderazgo político está totalmente comprometido con la construcción de su imperio y la única concesión que está dispuesto a hacer a su economía interna es darle más subsidios y más protección. Esto no hace sino incrementar la tensión y los conflictos con sus competidores imperialistas en Europa y sus regímenes clientes de exportación en el Tercer Mundo. 

La solución que ofrece el gobierno de George W. Bush a esta contradicción que existe entre el crecimiento imperial y la decadencia interna es la conquista de países ricos en recursos vitales. La presencia de Washington en la zona petrolera del Caspio o sus planes de invadir a Irak son parte del plan de extraer riqueza para financiar el déficit. El Acuerdo de Libre Comercio para las Américas forma parte de esta estrategia: al monopolizar los mercados latinoamericanos Estados Unidos puede reducir sus déficit comerciales y capturar sectores financieros y comerciales jugosos. El Plan Puebla-Panamá es el prototipo de esta nueva estrategia imperial; se trata de incrementar las exportaciones estadunidenses directamente a México, mientras que las maquiladoras se trasladan a mercados laborales más baratos en China, Vietnam, e India. 

Si bien es cierto que el control imperialista de Estados Unidos es todavía una realidad, lo cierto es que los fundamentos de este poder son frágiles y se enmarcan en un orden mundial sumamente polarizado. La emergencia de movimientos anticapitalistas masivos y una caída del dólar pueden eventualmente provocar la caída del imperio.